Resumen: La trabajadora reclamó percibo de plus de penosidad y peligrosidad art. 26.3 d) V CC personal laboral de Galicia-08. El JS estimó declara el puesto peligroso y penoso, desestimando el resto de pretensiones, el TSJ confirmó no condenando al abono al no concurrir el requisito formal de la inclusión del puesto en la RPT como penoso o peligroso y mientras no se incluya no puede condenarse al pago. En cud. la trabajadora cuestiona el momento a partir del cual debe hacerse efectivo el complemento de peligrosidad y condiciones especiales del puesto de trabajo regulado en CC, si a partir de su inclusión en la relación de puestos de trabajo o desde echa de firmeza de la sentencia que reconoció el derecho a su percepción por desprenderse así del CC. La Sala IV remite a la STS 27/09/23 rcud. 3813/20, el precepto convencional vigente que regula el complemento de peligrosidad, toxicidad, penosidad y otros señala que será efectivo desde la sentencia judicial firme que lo reconoce o de su inclusión en la relación de puestos correspondiente, la redacción convencional se modificó en 08 respecto del anterior CC-02, fija la efectividad del derecho en fecha de la firmeza de la Sentencia judicial que reconoce su percepción además de la regulación anterior, el V CC habilita una segunda y diferente posibilidad, que con nitidez fija el precepto. La común voluntad de las partes modifica la regulación del complemento en litigio regula efectividad desde su firmeza
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si determinados conceptos retributivos que percibe el demandante de la empresa del sector de seguridad privada debían integrar el salario regulador que rige la prestación con cargo al Fondo de Garantía Salarial. Pero la Sala IV declara de oficio la falta de competencia funcional porque la diferencia reclamada por el demandante con cargo del FOGASA no alcanza los 3.000 euros y tampoco se aprecia afectación general.
Resumen: La actora, que había sido contratada por el Ayuntamiento de Valdemoro para prestar servicios como auxiliar administrativa, reclama su derecho a la categoría de administrativa junto a las diferencias retributivas. Pero se desestima el RCUD por falta de contradicción debido a que entre los fallos enfrentados no concurre la triple identidad exigida por el art. 219 LRJS. Así, consta en la sentencia de contraste que el ejercicio, por parte de la trabajadora, de funciones superiores se produce desde el momento en que el contrato es indefinido a jornada completa -1 de octubre de 2002-, y no en ninguno de los contratos anteriores, estando ante una cuestión de clasificación profesional del art. 22 ET, confirmando la sentencia de referencia la decisión de la instancia al considerar que sí resulta acreditada la realización de funciones de administrativa desde el inicio del contrato de fecha 1 de octubre de 2002 y, por tanto, ésta debe ser su categoría profesional. En cambio, en la sentencia recurrida la encomienda de funciones superiores se realiza vigente una contratación temporal que se mantiene cuando se convierte en indefinida, no discutiéndose que se realizan esas funciones superiores, sino que el ascenso por movilidad funcional -regulada en los arts. 39.2 ET y 14 del Convenio aplicable- se ha hecho sin oferta previa del Ayuntamiento cumpliendo los requisitos de capacidad, mérito e igualdad -art. 103.3 CE, 10 y 11 de la misma norma convencional-.
Resumen: La consideración del trabajo como trabajo a turnos, que puede generar el derecho al complemento de turnicidad, implica la concurrencia de estas condiciones: una, que un mismo puesto de trabajo se ocupe de manera sucesiva por diferentes trabajadores; y, otra, que el trabajador deba prestar el servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas. No existe trabajo a turnos cuando las horas asignadas son siempre las mismas. No puede tenerse en consideración como prestación de servicios en horas diferentes el hecho de que la trabajadora preste servicios los domingos y festivos en otras horas, ya que esa circunstancia es valorada por el convenio para atribuir otra modalidad de complemento de turnicidad cuando de martes (o lunes) a sábado, el trabajador tenga una prestación de servicios en horarios diferentes, y éste no es el caso de la parte actora. Reitera doctrina establecida, entre otras, en STS num.. 1/2024, de 8 de enero, (rcud. 500/2021).
Resumen: La sentencia, reiterando doctrina, casa y anula la sentencia recurrida y, desestima la demanda en la que suscita si el actor tiene derecho a que Liberbank SA efectúe las aportaciones al plan de pensiones correspondientes al periodo en que estuvieron suspendidas por aplicación del Acuerdo alcanzado en el ERE de 2013. Se estima que dicho Acuerdo se refiere solamente a los trabajadores en activo de la empresa que causan baja durante la suspensión de aportaciones o antes de finalizar el plazo de aportaciones extraordinarias. No pueden incluirse los que causaron baja en la empresa en el año 2012, como es el caso del actor por lo que, la delimitación subjetiva del ámbito del acuerdo deja fuera al demandante. Añade que esta interpretación no vulnera el derecho a la igualdad, respecto de los trabajadores en activo en la empresa porque no son términos de comparación homogéneos al ser diferentes las condiciones de uno y otro colectivo. Finalmente, sostiene que la STS de 18/11/2015, declaró la validez de lo acordado en materia de suspensión de aportaciones a los Planes de Pensiones por lo que, el efecto de cosa juzgada de la citada sentencia colectiva sobre los procesos individuales excluye que el Plan de Pensiones del Banco de Castilla-La Mancha SA necesite el refrendo de la Comisión de Control, declarando la licitud de la decisión empresarial de suspensión de aportaciones a los planes de pensiones.
Resumen: El trabajador prestó servicios a una empres y por subrogación para otra, reclamó frente a ambas cantidad por diferencias salariales de CC sectorial aplicable. El JS condena por salarios anteriores y posteriores a la subrogación condenando solidariamente a las dos empresas por el periodo anterior a la subrogación y a la entrante por el posterior. El TSJ en el recurso de saliente absuelve por haber concluido la ultraactividad del convenio, no pudiendo sustentarse en el texto derogado la reclamación salarial y mantiene la condena de la entrante por no recurrir, desestimó aclaración. En cud. la entrante cuestiona la fuerza expansiva de la absolución, si la estimación del recurso de un codemandado frente a la condena solidaria alcanza a otro codemandado que no recurrió en suplicación cuestionando si la absolución determina la del otro codemandado o sólo absuelve al recurrente. La Sala IV apreció concurrencia de gravamen para recurrir art. 448.1 LEC y 17.6 LRJS, doctrina Sala 1 sobre obligaciones solidarias si concurre solidaridad pasiva, la SJS causó gravamen a ambas empresas, STSJ causa gravamen a la recurrente cud mayor que el JS, cabe cud porque TSJ agravó la condena. Sobre el fondo estimó, el éxito del recurso en suplicación aprovecha al resto de condenados solidariamente beneficiando al otro deudor solidario por la fuerza expansiva que la solidaridad comporta, sin alcanzar a cantidad posterior a la subrogación al no recurrir adquiere firmeza parcial. Reitera r. 1554 y 1579/22
Resumen: El actor prestó servicios desde 1974 en 2007 se acordó la licencia especial retribuida, constan las cuantías percibidas en 10, 19, 20 y en diciembre de 2010. El JS desestimó no entiende aplicable el art. 124.2 CC sino el 165.1 al distinguir el convenio entre controladores en activo y en LER, no pudiendo percibir la retribución anual de 2010. El TSJ estimó parcialmente condenando al abono de cantidad al considerar que el controlador no operativo goza de la garantía de retribución que vienen percibiendo a la entrada en vigor del II CC, computando el ámbito anual. En cud ENAIRE plantea si los controladores que están acogidos a la licencia especial retribuida antes de publicarse el II CC se les debe respetar la retribución de diciembre de 2010 o el importe anual de la remuneración de 2010, suscitando la aplicación del art. 165 del CC. La Sala IV remite a su obiter dicta del rcud. 2029/16. Recordó que se trata de interpretar un CC y los criterios hermenéuticos, verificando en vía de recurso la exégesis realizada en instancia. Ya indicó que la norma convencional es clara, debiendo ajustarse a la remuneración que venían percibiendo en el mes anterior a la entrada en vigor del CC, y el nuevo CC fija reglas y congela la remuneración de los controladores en situación de LER antes de 5/02/10 en la cuantía que vinieron percibiendo en el mes anterior a la entrada en vigor del II CC. Debe estarse al salario del mes de diciembre 2010, art. 165.1 CC, no a las retribuciones totales 2010.
Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina 1514/2022, resuelve un litigio entre Distribuciones Melillense Txiky SL y Abastecedora de Alhucemas SA contra el trabajador por reclamaciones salariales. Originariamente, ambas empresas fueron condenadas de forma solidaria a abonar una suma al trabajador, además de una condena adicional solo a Distribuciones Melillense Txiky SL. Abastecedora de Alhucemas SA recurrió y fue absuelta en suplicación, manteniéndose la condena contra Distribuciones Melillense Txiky SL, quien no había recurrido. El Tribunal Supremo, aplicando la doctrina de la solidaridad pasiva, establece que la absolución en suplicación de Abastecedora de Alhucemas SA debe extenderse también a Distribuciones Melillense Txiky SL respecto a la condena solidaria, dado el efecto expansivo de la solidaridad. Sin embargo, mantiene la condena exclusiva a Distribuciones Melillense Txiky SL, al no haber recurrido esta parte la sentencia inicial. La decisión se basa en la interpretación de los efectos de la solidaridad entre deudores frente a las acciones del acreedor, marcando que la acción procesal de uno de los deudores solidarios beneficia o perjudica al resto.
Resumen: La Audiencia Nacional acoge la demanda interpuesta por la Dirección General de Trabajo sobre impugnación de convenio colectivo y declara la nulidad de los artículos 8.c).2 (inciso "con un preaviso de al menos un día o abono de los salarios correspondientes a este plazo); 20.1, 2 y 3 y 24 del VI Convenio colectivo de centros de trabajo de las provincias de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real de la empresa Refrescos Envasados del Sur, S.L.U, y ello por ser contrarios a los arts. 36 y 37 del Estatuto de los Trabajadores. Previamente, se afirma la competencia de la Dirección General de Trabajo para visar la legalidad del convenio, interponiendo demanda ulterior ante la jurisdicción social al objeto de su impugnación.
Resumen: La controversia suscitada en este recurso de casación unificadora radica en determinar si el trabajador ha sido objeto de cesión ilegal y tiene derecho a formar parte de la plantilla del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla- La Mancha. Recurren ambas partes, pero la sentencia apuntada aprecia falta de contradicción por falta de identidad sustancial entre los fallos enfrentados. Entre otros, consta en la sentencia recurrida que la UTE «carece de sede física de trabajo en la localidad de Albacete, produciéndose la totalidad de comunicaciones con el trabajador mediante medios electrónicos». El trabajador se desplaza a los lugares donde es necesaria la toma de imágenes con arreglo a las necesidades editoriales fijadas por RTVCM, utilizando en ocasiones elementos propiedad de RTVCM. El sistema de trabajo se organiza mediante el establecimiento de eventos informativos que deben cubrir los operadores de cámara, asignándoles las previsiones para cada día, salvo incidencias que obliguen a reasignarlos. El poder de dirección que ejercía RTVCLM era real. Por el contrario, en la sentencia de contraste consta expresamente que era Visualpro quien organizaba el trabajo, quien era propietaria de todos los medios de producción, que la principal no tenía facultad de mando sobre los trabajadores de Visualpro y que no existen elementos bastantes para concluir que la principal fuera verdadero empresario. Falta de contradicción que también concurre en el recurso deducido por RTVCLM.
